Estamos viviendo un
tiempo difícil en cuanto a seguridad,
contando que de muchas maneras se puede ver afectada. No se puede desconocer
que el país como tal tiene grandes dificultades en ese tema, son diversos los
grupos y las disidencias o fracciones de esos grupos que en una u otra forma
alteran la tranquilidad y son un permanente factor de riesgo. A eso hay que
sumarle la delincuencia común y los “combos,
parches, pandillas o galladas” que poco a poco se han ido adueñando de
sectores o barrios. En Chigorodó en alguna manera contamos con esos mismos “fenómenos” que alteran el orden, la seguridad y la calma, Pero para acabar de agravar
la situación puntual de Chigorodó, tenemos una disminución notoria del pie de
fuerza de la policía adscrita a la estación local en el último año, que supera
el 30%.
Cuando se tienen
dificultades de seguridad, es muy difícil poder contar con el apoyo o acompañamiento
frecuente de la fuerza pública por su insuficiencia en personal y logística,
sin embargo en el último mes, todos hemos podido observar como de manera
permanente la policía nacional escolta a los camiones de gaseosa y cerveza
durante todo el día en Chigorodó y demás municipios de Urabá. Seguramente eso
obedece a una orden superior, pero que nos deja una serie de interrogantes:
Si hay insuficiencia de
personal y logística, por qué si hay la disponibilidad para estos casos
puntuales?
Si son empresas
privadas y con ánimo de lucro, por qué no asumen ellas el costo de su
seguridad?
Por qué encontramos
hasta seis policías en una misma zona detrás de estos carros, mientras los
barrios y en ellos sus comunidades están totalmente desprotegidas?
El mandato
constitucional y la misión de la policía como tal, se están vulnerando y con
ellos, los derechos de los ciudadanos por el favorecimiento de unos intereses
privados.
